El Artículo 3 de nuestra Constitución del 78, consagra el castellano como la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos, siendo patrimonio cultural de especial respeto y protección. Todo lo que excede de este texto es inconstitucional.

Desde este unánime acuerdo de nuestra Carta Magna hasta ahora, ha pasado mucho tiempo, y han ocurrido demasiados acontecimientos capaces de desvirtuar el sentido solidario que entonces presidió la confección de este importante Artículo. Casi siempre con la permisiva complicidad de los Gobiernos de turno y del Tribunal Constitucional, garantes, en un Estado Democrático de Derecho, de su cumplimiento, y responsables de mantener el espíritu solidario de entonces, consagrado en nuestra Constitución del 78.
Aunque la responsabilidad de su sesgado cumplimiento afecta a todas las Autonomías, es justo y obligado decir aquí, que es Cataluña la pionera en la sesgada aplicación de este Artículo y espejo en el que se miran las demás Autonomías con lengua propia, para trasgredirle. Con el referido Tribunal Constitucional (antes, Tribunal de Garantías Constitucionales) como cómplice, al no pronunciarse, después de tres largos años, sobre la inconstitucionalidad o no del Estatuto catalán recurrido. Cuyo contenido ha sido aplicado unilateralmente, una y otra vez, con la permisividad del Gobierno socialista, condicionado por los votos catalanes para mantenerse en el poder a toda costa. Lo cual, genera la falacia del “hecho consumado”, inconstitucional, insolidario y antidemocrático, tan preciado por la élite política nacionalista-independentista catalana.
Somos una nación. Grita histérico, ahora, un pueblo históricamente frustrado por “méritos” propios, incapaz de haber sido nación, en su momento, culpando cínicamente de ello a los demás. Pueblo que representa al 50% de los ciudadanos que viven en Cataluña, pero que se arroga su tutela y dirección “legal” a todos los efectos, incluso los de libertad de conciencia individual. Ya sabemos que, en el ámbito coloquial de la sociedad plural de estas Autonomías, conviven ambas lenguas, aparentemente sin ningún problema. El castellano y la autonómica.
Pero no así en las disposiciones “legales” de sus instituciones, y su sesgada, injusta y dictatorial aplicación. Prohibiciones, extorsiones, multas, imposiciones, actos indignos y cobardes contra España, la Bandera y su himno nacional, símbolos de la unidad nacional. Injurias al Rey, Jefe del Estado de España. Naturalmente impunes. Creación de “embajadas” con dinero público de todos. Intentos de representación deportiva “nacional catalana” en organismos internacionales. Y un largo etc., que corrobora, hoy, que la tristemente famosa Venganza Catalana sigue vigente todavía. Se ha pasado de la suplicada y generosa “inmersión lingüística”, para defensa de la tan otrora “perseguida” lengua autonómica, a un monolingüismo radical impuesto por el Estatuto de turno. Sólo la Libertad y el Derecho del ciudadano, que está por encima de los territorios, a elegir su lengua vehicular, es Justicia y Democracia en un Estado de Derecho. Si se conculca este derecho primario del ciudadano para el uso libre del castellano, de acuerdo con sus propias convicciones, y se le somete a la dictadura de la lengua autonómica, se genera intencionadamente, crispación, odio desintegrador, persecución lingüística, la progresiva eliminación del castellano y la clara limpieza étnica al más puro estilo nazi. En el fondo del proceso están los puestos de trabajo de miles de desplazados por esta sinrazón lingüística que serán ocupados, en seguida, por afines al poder nacionalista-independentista. Lo que les proporciona una beneficiosa situación social que, nunca hubiesen logrado en una libre y democrática competencia.